La reciente controversia en el ámbito educativo ha tomado un nuevo giro tras las declaraciones de la diputada del PSIB, Amanda Fernández, quien ha lanzado fuertes acusaciones al Partido Popular. Según Fernández, el PP está intentando “castellanizar” el sistema educativo, un argumento que ha levantado enconadas críticas en el debate sobre los presupuestos autonómicos.

Por su parte, el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha defendido con fervor el acuerdo presupuestario alcanzado con Vox, que prevé una expansión del plan de elección de lengua. En su intervención, Vera destacó la importancia de este acuerdo y reafirmó su compromiso de mantenerlo, a pesar de las objeciones de la oposición. “Estamos cumpliendo con los acuerdos y vamos a seguir adelante con esta política”, afirmó el conseller, reconociendo que ciertas posturas de la oposición afectan al ejercicio de la democracia.

Vera argumentó que el nuevo presupuesto que se votará pronto estará destinado a mejorar la calidad de la educación, con inversiones que abarcan desde infraestructuras hasta transporte escolar. Además, destacó la importancia de seguir apoyando la educación concertada y mejorar las condiciones laborales de los docentes. “Ningún gobierno ha invertido tanto en educación como el nuestro”, sostuvo, enfatizando un aumento del 4,4% en el presupuesto educativo, superior al promedio de otras áreas.

Sin embargo, la respuesta de la oposición ha sido contundente. La diputada socialista, Amanda Fernández, destacó que la asignación de 21 millones de euros al plan de elección de lengua es un claro intento del PP por afianzar alianzas con Vox y criticó que esto represente una amenaza para la lengua y la educación en su conjunto. Fernández también acusó al conseller Vera de privatizar el sistema educativo, lo que ha generado preocupación entre las voces críticas.

La crítica no se detuvo ahí, ya que Maria Ramon, diputada de MÉS per Mallorca, también tomó la palabra para señalar que la tendencia de equiparar los presupuestos para educación concertada y pública es un reflejo de un modelo que favorece a la primera a expensas de la segunda. Ramon subrayó que más de la mitad del presupuesto del departamento va destinado a la educación concertada, lo que plantea interrogantes sobre la equidad en la distribución de recursos.

Ramon cuestionó, además, la viabilidad del plan de infraestructuras del Govern, sugiriendo que muchas de estas mejoras son simplemente la continuación de proyectos ya iniciados durante la legislatura anterior. “Lo único que se espera son inauguraciones de obras que ya estaban listas”, concluyó.

Por otro lado, la diputada Joana Gomila, de MÉS per Menorca, también mostró su desacuerdo con el plan de elección de lengua, solicitando que no se empleen recursos para propiciar la adhesión de nuevos centros, afirmando que la comunidad menorquina no desea este tipo de segregación educativa. “No queremos que se fomente la creación de ningún centro que segmente a los alumnos. Pedimos que ni un euro se destine a esta causa”, enfatizó Gomila, subrayando la necesidad de mantener la unidad en la educación.