PALMA, 16 de mayo.

El Govern ha dado luz verde a un nuevo decreto ley que simplifica los requisitos lingüísticos exigidos a los celadores, además de ampliar el plazo que tienen los empleados públicos para demostrar su conocimiento del catalán en los procesos de estabilización, extendiendo este periodo de dos a cuatro años.

Este anuncio fue realizado en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern por el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, quien resaltó que estas modificaciones se han acordado en colaboración con Vox. Se anticipa que el decreto será respaldado en el Parlament gracias a los votos tanto de Vox como del Partido Popular.

El decreto en cuestión actualiza una norma previa adoptada en junio de 2022 que abordaba medidas urgentes para reducir la temporalidad en el sector público y establece un nuevo plazo para que los funcionarios adquieran el nivel necesario de catalán, permitiendo que aquellos que ingresaron sin cumplir este requisito tengan ahora un periodo más amplio para acreditar su conocimiento.

Con estos cambios, los trabajadores que accedieron a un empleo público sin el nivel de catalán requerido, antes con un plazo de dos años, ahora contarán con cuatro años para regularizar su situación.

El portavoz del Govern ha defendido que estas acciones son vitales para evitar la necesidad de despedir a aproximadamente 145 empleados públicos, de los cuales 123 pertenecen a la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia.

Adicionalmente, se ha incluido en el decreto una disposición que señala los nuevos requisitos lingüísticos aplicables a la sanidad pública, con la intención de reducir el nivel de conocimiento del catalán exigido a los celadores.

El vicepresidente del Govern ha destacado el enfoque pragmático de estas medidas, expresando su gratitud de manera reiterada hacia el apoyo de Vox, liderado por Santiago Abascal.

El decreto que implementa estas medidas extraordinarias también establece que las transferencias anuales mínimas asociadas a las leyes de capitalidad de Palma e Ibiza y a la de reserva de la biosfera de Menorca sean de 33 millones de euros. Asimismo, se contempla la opción de financiar el traslado de residuos desde Formentera a Ibiza.