PALMA, 9 de julio. En un giro inesperado dentro de la política local de Llucmajor, los partidos Llibertat Llucmajor y S'ULL han decidido interponer una denuncia formal por presunta prevaricación contra la alcaldesa Xisca Lascolas y varios concejales del municipio. La razón de esta acción se centra en la acusación de que se han realizado "pagos fuera de contrato" a la empresa encargada de la gestión de residuos.

La denuncia fue presentada este miércoles ante la Fiscalía de Baleares, acompañada de más de 30 documentos que servirían de evidencia, con el objetivo de que se investigue la conducta de Lascolas. Según el partido Llibertat Llucmajor, los pagos efectuados en 2025 carecen de justificación legal, lo que ha llevado a esta iniciativa judicial.

En la denuncia también se menciona a otros concejales que apoyaron estas transacciones, a pesar de contar con informes legales del Ayuntamiento que denunciaban la "violación" de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Esta situación ha suscitado preocupaciones sobre la legalidad de las decisiones tomadas por el gobierno local.

La formación política ha subrayado que las advertencias legales han sido continuas desde que, en 2024, la alcaldesa manifestara su intención de proceder con pagos sin la cobertura jurídica adecuada. Los departamentos de Intervención, Secretaría y Contabilidad emitieron informes que claramente señalaban la ilegalidad de estas transacciones, advirtiendo que la responsabilidad recae en los regidores que voten a favor de ellas.

"A pesar de las constantes advertencias y las propuestas alternativas presentadas por la oposición para abordar la crisis de basura en Llucmajor, la alcaldesa ha continuado omitiendo la ley, sin lograr una mejora en el servicio", se apuntó desde Llibertat Llucmajor.

Tras un análisis exhaustivo de los documentos por parte de expertos legales, ambas formaciones han llegado a la conclusión de que se ha incurrido en un presunto delito de prevaricación administrativa, tal como se establece en el artículo 404 del Código Penal, que aborda el delito de prevaricación realizado por funcionarios públicos.

El portavoz de Llibertat Llucmajor, Alexandro Gaffar, destacó que "la alcaldesa era plenamente consciente de sus acciones, ya que los funcionarios del Ayuntamiento la advirtieron en 2024. Sin embargo, esto no le impidió aprobar más de 60,000 euros en facturas ilegales, y en el último pleno intentó aprobar pagos que superan los 100,000 euros más por el mismo motivo, sin sustento legal alguno".

Por su lado, la portavoz de S'ULL, Claudia Fallemann, enfatizó que han estado señalando, pleno tras pleno, que el Ayuntamiento se encuentra en "una senda peligrosa" que "atenta contra las finanzas públicas" y que "no resuelve el problema de la basura". "La empresa continúa beneficiándose de pagos irregulares, mientras el servicio deja mucho que desear", concluyó.