El pasado 8 de julio, durante una sesión del pleno de los Presupuestos autonómicos, el vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, celebró los resultados positivos del acuerdo entre el Partido Popular (PP) y Vox. Según Costa, este pacto ha permitido la aprobación de un presupuesto que no solo asciende a 79,7 millones de euros, un 10% más que el anterior, sino que también garantizará el bienestar de los ciudadanos y ofrecerá una mejora significativa en los servicios públicos esenciales.

Durante su intervención, el conseller respondió a las críticas del diputado del PSIB, Carles Bona, a quien le reprochó su tendencia a recordar épocas de recortes y crisis. Costa insinuó que Bona deseaba que el contexto político en las Islas Baleares fuera tan caótico como el que se vive en Madrid bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, aludiendo a las acusaciones de corrupción y bloqueos legislativos que enfrenta el gobierno central.

Además, Costa defendió las reformas fiscales que se han implementado gracias al apoyo de Vox, destacando las mejoras que traerán para la ciudadanía, y reiteró su agradecimiento a este partido por su colaboración en la creación de un entorno económico más sólido.

En contraposición, Carles Bona planteó serias dudas sobre la viabilidad de los presupuestos, advirtiendo que estas cuentas podrían comprometer el futuro del archipiélago. Según él, las condiciones del acuerdo entre PP y Vox se traducirán en un alto costo para los ciudadanos, transformando las promesas iniciales en retrocesos sociales.

Bona también criticó lo que consideró una falta de ejecución presupuestaria, cuestionando la decisión del gobierno de otorgar 500 millones de euros en reducciones fiscales predominantemente a los más adinerados. En una defensa de la postura del PSOE a nivel nacional, hizo hincapié en que su partido actúa con firmeza ante las irregularidades, a diferencia de lo que ha ocurrido con algunos miembros del PP.

Por su parte, Lluís Apesteguia, portavoz de MÉS per Mallorca, dirigió su crítica hacia los recortes en los sectores de investigación e innovación y recomendó que se eliminen las referencias a inversiones obligatorias en leyes si no se realizarán. También señaló que el Govern actual comparte problemas de ejecución con administraciones previas, un asunto recurrente en la política regional.

A pesar de la distancia que mantiene su grupo respecto al Govern, Apesteguia no escatimó en palabras contra las decisiones recientes, sobre todo en lo que respecta a la nueva ley de obtención de suelo. Criticó que la legislación beneficie a quienes lucran con el urbanismo, permitiendo que se perpetúen los beneficios a futuras generaciones.

Finalmente, Joana Gomila, diputada de MÉS per Menorca, se pronunció contra las bonificaciones acordadas con Vox, abogando por un sistema fiscal más progresivo y equitativo. Desde su perspectiva, es fundamental que quienes más poseen, contribuyan con un mayor porcentaje, criticando la aparente falta de aplicación de este principio por parte de los gobiernos actuales.