En un reciente comunicado, la iniciativa "Mallorca per viure, no per especular" ha expresado su grave preocupación por las implicaciones de la Ley 4/2025, que permite la construcción de viviendas en áreas de transición en siete municipios de Mallorca, generando un potencial de 252,800 nuevas plazas residenciales.

La organización ha resaltado que esta legislación afectará a localidades clave como Palma, Llucmajor, Manacor, Inca, Marratxí, Calvià y Alcúdia. Tal y como se estima, esto significaría un aumento del 37% en las plazas residenciales, con la creación de hasta 37,432 nuevas viviendas en total.

Sin embargo, los críticos apuntan que la ley no aborda realmente la crisis de vivienda que enfrenta la isla. Según sus observaciones, el 50% de las nuevas construcciones se destinarán a precios de mercado libre, lo que sugiere que principalmente beneficiará a extranjeros adinerados o personas con alto poder adquisitivo. Para el otro 50%, que se ofrecerá a precios más accesibles, se contempla un costo aproximado de 300,000 euros por departamentos de alrededor de 80 m2, algo inalcanzable para muchos residentes locales con dificultades para acceder al mercado inmobiliario.

La plataforma recalca que esta situación no hará más que exacerbar los problemas existentes para aquellos que luchan por encontrar vivienda, ya que la ley atraerá a individuos que pueden permitirse estos precios, mientras que los jóvenes y las personas de menores recursos seguirán sin opciones viables.

Respecto a las áreas de transición, se señala que se trata de espacios rústicos adyacentes a los núcleos urbanos, cuyo propósito original era limitar la expansión urbana y reservar suelo para infraestructuras esenciales. Sin embargo, ahora se transforman en áreas edificables con altas densidades, como 225 habitantes por hectárea en Palma y 180 en el resto de los municipios involucrados.

Los municipios en cuestión son aquellos con más de 20,000 habitantes, lo que plantea un crecimiento significativo sin una evaluación adecuada de la superficie afectada, la cantidad de viviendas o el impacto demográfico y ambiental. La falta de datos concretos sobre hectáreas a urbanizar o núcleos con mayor densidad se convierte en un motivo de preocupación para los defensores de una planificación más responsable.

Un estudio encargado por la plataforma y realizado por un equipo de expertos, liderado por el geógrafo Gabriel Garcies, sugiere que el efecto de esta ley podría resultar en la creación de 252,810 nuevas plazas residenciales, lo que representaría un aumento poblacional del 37% en los siete municipios a partir del censo del 2024.

Este incremento sería consecuencia de la liberación de terrenos que habían estado protegidos hasta ahora. En total, se estima que 1,246 hectáreas, mayormente agrícolas y forestales, se convertirán en áreas edificables.

Particularmente en Palma, se proyecta un aumento considerable, con 634 hectáreas que se destinarían a la construcción, lo que podría traducirse en 142,650 nuevas plazas residenciales, elevando su población actual en un 33%.

Otras áreas también verán un crecimiento notable, como Marratxí, que podría absorber 27,180 nuevas plazas en 151 hectáreas; Manacor, con 24,480 plazas en 136 hectáreas; y Calvià, logrando 21,240 en 118 hectáreas.

Es importante señalar que el análisis realizado por los expertos únicamente revisa el impacto en áreas de transición y no aborda el crecimiento que la legislación también permite en suelos urbanos y urbanizables sin desarrollar en otros municipios de Baleares de más de 10,000 habitantes. Por ende, las proyecciones totales podrían ser aún más alarmantes.

Finalmente, la plataforma ha calificado la Ley de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo como una "bomba demográfica" en una isla ya afectada por la saturación y con escasez de recursos hídricos.

El GOB, que forma parte de la plataforma, ya había alertado en abril sobre las preocupaciones relacionadas con la disponibilidad de agua para el crecimiento planificado en Palma, enfatizando que la construcción de viviendas para 142,000 personas más sería un imprudente acto del Ayuntamiento y del Gobierno, dado el estado crítico de los acuíferos, muchos de los cuales sobrepasan los límites legales de extracción.