El pasado 4 de noviembre, el Parlament de las Islas Baleares aprobó un decreto ley que introduce medidas urgentes en el ámbito de los servicios sociales, el cual respalda el aumento de salario convenido con los empleados de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia (FASD).

La aprobación del decreto contó con el respaldo unánime de todos los grupos parlamentarios, quienes expresaron su acuerdo con 55 votos favorables. Este consenso refleja un compromiso generalizado en la Cámara, trascendiendo las diferencias ideológicas.

Este decreto, que recibió luz verde del Consell de Govern hace dos semanas, surge en un contexto donde el Ejecutivo autonómico y el comité de trabajadores de la Fundación alcanzaron un acuerdo preliminar para incrementar los salarios entre 4.200 y 6.300 euros brutos anuales.

Con esta legislación, se proporciona la base legal necesaria para el incremento salarial, una cuestión que había presentado obstáculos jurídicos para el Govern, que se solucionará a través de un complemento destinado a los empleados de la plantilla.

El aumento beneficiará a alrededor de mil trabajadores que prestan sus servicios en la Fundación, una acción que se produce tras una huelga indefinida que los empleados mantuvieron recientemente por poco más de una semana.

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, destacó la importancia de este decreto, afirmando que aborda una necesidad crítica relacionada con el "cuarto pilar del Estado del bienestar" que es la atención a la dependencia.

Fernández enfatizó que el incremento salarial es "absolutamente necesario y urgente" para compensar el aumento de trabajo debido a un número creciente de personas con dependencia, así como a la implementación de un modelo asistencial centrado en el individuo.

Parte de la intervención de la consellera se centró en ejemplos concretos de cómo estas transformaciones impactan a los trabajadores y usuarios de los centros, describiendo situaciones cotidianas que reflejan la dedicación y el compromiso de los empleados.

La consellera hizo hincapié en que la formación de los trabajadores es crucial para enfrentar lo que considera "el cambio más profundo" en el sistema asistencial, señalando que no se trata solo de adquirir habilidades técnicas, sino de modificar la perspectiva sobre la atención.

Fernández concluyó su discurso citando un comentario de un usuario de la residencia de Son Güells que asistió a una concentración de trabajadores: "Ellos son nuestras manos y nuestras piernas, sin ellos perdemos las ganas de vivir", lo que, según ella, encapsula la esencia del trabajo que realizan.

Después de que el Consell de Govern aprobara el decreto, la consellera mencionó el apoyo de varios grupos, incluyendo el PP, PSIB, MÉS per Mallorca, y otros representantes políticos que también se sumaron a esta causa.

Este martes, Vox y el grupo Mixto, que incluye a Més per Menorca y Unidas Podemos, también expresaron su respaldo a la aprobación.

El diputado del PP, Pedro Álvarez, calificó la medida de "necesaria, urgente y justa", resaltando la reivindicación legítima que hicieron los profesionales durante su huelga y subrayando su papel en la protección de las personas y la capacidad del Govern para ofrecer soluciones efectivas a las necesidades del ciudadano.

Álvarez también defendió que el decreto proporciona estabilidad y seguridad a las familias y usuarios del sistema de dependencia, reafirmando que no se perjudica el equilibrio financiero de las cuentas públicas.

El diputado socialista, Omar Lamin, celebró la medida como un avance hacia un sistema más justo y humano, manifestando que su partido siempre ha estado al servicio de la gente, tanto en el gobierno como en la oposición, aunque consideró que el aumento salarial debió haberse implementado antes de la huelga.

Por otro lado, la diputada de Vox, Patricia de las Heras, argumentó su apoyo al decreto en nombre de la responsabilidad institucional, aunque criticó que no se le hubiera facilitado el texto para un análisis más profundo como proyecto de ley.

La diputada de MÉS per Mallorca, Marta Carrió, también apoyó el decreto, considerándolo urgente para abordar las inequidades existentes y extendió su mano a la consellera para seguir avanzando en mejorar las condiciones y remuneraciones de los trabajadores en los centros.

Desde Més per Menorca, el diputado Joan Gomila también celebró la respuesta a las demandas de los empleados, señalando la necesidad de aumentar recursos y aplicar una adecuada gestión del sistema de atención a la dependencia.

Finalmente, el diputado de Unidas Podemos, José María García, justificó su voto favorable asegurando que se cumple con los compromisos adquiridos con los trabajadores.