El Gobierno de Baleares ha decidido tomar medidas legales adicionales en respuesta a un reciente decreto del Gobierno central. Este viernes, se espera que el Consell de Govern dé luz verde a la Abogacía de Baleares para recurrir ante el Tribunal Supremo el real decreto que establece el procedimiento para el reparto de menores migrantes, el cual fue aprobado el 22 de julio pasado.

Este movimiento marca el segundo intento judicial de Baleares en contra del mecanismo del Gobierno de Sánchez, que permite el traslado de niños y adolescentes migrantes desde Canarias a diversas comunidades autónomas de España. Anteriormente, Baleares ya había presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional, junto a otras regiones bajo gobiernos del Partido Popular y de Castilla-La Mancha, cuestionando la modificación de la ley de extranjería que facilita este proceso de redistribución.

La consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas, anticipó que el Consell de Govern está listo para autorizar el recurso, que se centra en las medidas a implementar durante situaciones de contingencia migratoria extraordinaria. Esta acción se plantea como un paso necesario ante la inminente llegada de 49 menores migrantes a las islas.

Aunque la Abogacía de Baleares se prepara para presentar este recurso, el Ejecutivo autonómico ha dejado claro que no se le limita a una sola acción judicial. Marga Prohens, presidenta de Baleares, ya había manifestado su intención de impugnar el real decreto que determina las capacidades de acogida, que para la comunidad es de 406 plazas.

Estarellas también hizo hincapié en la necesidad de estudiar el real decreto en profundidad antes de formalizar el recurso. "Es esencial determinar si eso tendrá una resolución o se presentará como una orden ministerial. Ahí es donde se decidiría la presentación de más recursos", indicó, resaltando la importancia de comprender el contexto jurídico completo.

El objetivo de la estrategia legal del Govern es solicitar al Tribunal Supremo que suspenda temporalmente la llegada de estos menores, aunque el decreto sigue en pie para las transferencias a otras comunidades. Además, la consellera afirmó que Baleares solicitaría ser declarada en situación de contingencia migratoria, a pesar de que actualmente no cumple con el requisito de triplicar su capacidad de acogida.

Mientras el Gobierno central establece que Baleares debe tener 1.218 plazas ocupadas para activar dicha contingencia, actualmente la comunidad insular tiene bajo su tutela a 682 menores. "No importa si las cifras se ajustan o no; nuestra intención es solicitar la declaración de contingencia migratoria, dado que la llegada de más menores es incierta", declaró Estarellas.

Las comunidades que sí cumplen los criterios establecidos ya han comenzado a presentar sus solicitudes, como es el caso de Canarias, Ceuta y Melilla. A pesar de esta situación, Baleares aún no ha podido llevar a cabo este procedimiento, lo que pone de manifiesto la complicada realidad del manejo de la migración en el archipiélago.