El Juzgado de Instrucción número 1 de Palma ha decidido cerrar un caso en el que un grupo de treinta policías locales había denunciado a un letrado de la administración de Justicia (LAJ) de la Audiencia Provincial, acusándolo de demorar maliciosamente la investigación en el caso Cursach, del que ellos mismos habían sido absueltos.

En una resolución a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez ha determinado que los hechos denunciados no constituyen un delito de prevaricación, dando lugar al archivo de la causa. Los denunciantes tienen la opción de presentar un recurso contra esta decisión.

El magistrado justificó su decisión al señalar que el retraso en la ejecución de la sentencia derivada del caso Cursach no puede ser considerado delictivo. Según el juez, la complejidad del caso, que involucraba a múltiples partes, fue la razón principal del retraso en los trámites y notificaciones.

En su auto, enfatiza que dichos retrasos no pueden interpretarse como malintencionados ni como parte de un interés personal por parte del LAJ para perjudicar a los involucrados en el proceso.

La denuncia había sido presentada por el abogado Vicente Campaner, quien argumentó que el LAJ había actuado de forma deliberada y negligente tras la orden de la Audiencia para deducir testimonio contra varios instruccionales del caso Cursach. Según Campaner, esto se había hecho con el fin de retrasar la investigación judicial, beneficiando así a aquellos acusados.

El juez recordó en su auto que, aunque se había generado testimonio contra las personas mencionadas, la sentencia no era firme y podía ser recurrida ante el Tribunal Supremo, lo que impedía su deducción inmediata.

Además, los denunciantes también afirmaron que el LAJ permitió la tramitación de un recurso fuera de plazo, alegando que esto fue llevado a cabo siguiendo instrucciones de tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB). Sin embargo, no se presentó acusación contra estos jueces debido a su condición de aforados.

Respecto a esta acusación, el juez destacó que resulta sorprendente hacer tales afirmaciones sin ofrecer detalles o evidencia sobre la supuesta connivencia entre el LAJ y los magistrados. El juez subrayó que la denuncia se muestra, en este aspecto, "huérfana" de argumentos.

Asimismo, el juez indicó que el documento presentado es escueto y no ofrece una explicación adecuada sobre cuestiones cruciales que merecían mayor atención. Por lo tanto, se concluye que los hechos alegados "no se presentan como verosímiles" y carecen del soporte probatorio necesario para ser considerados válidos.

Esta falta de fundamentación llevó al magistrado a decidir no admitir la denuncia, señalando que no sería procedente avanzar en este asunto sin una explicación clara sobre la supuesta connivencia entre los magistrados del TSJIB y el LAJ. Aunque no fuera el caso, concluyó que su tribunal no tenía la competencia para investigar los hechos alegados.