Crónica Baleares.

Crónica Baleares.

Constructores reclaman ser sector estratégico para cumplir con exigencias UE.

Constructores reclaman ser sector estratégico para cumplir con exigencias UE.

Los constructores de Baleares han alertado de que el sector tiene que pasar de ser operativo a estratégico si se quiere cumplir las exigencias y plazos que la Unión Europea está fijando en materia de edificabilidad y eficiencia energética. El pleno del Parlamento Europeo aprobó en marzo un proyecto para que todos los edificios de nueva construcción sean equipados con tecnologías solares en 2028, siempre y cuando sea técnicamente adecuado y económicamente factible, mientras que los edificios residenciales en proceso de renovación importante tienen hasta 2032.

La directora general de la Asociación de Constructores de Baleares, Sandra Verger, ha avisado de que construir edificios sostenibles o cero emisiones "no va únicamente de colocar placas solares sino de cambiar la manera de construir". Este cambio de paradigma pasa, ha argumentado, por considerar el sector como estratégico y mejorar la cualificación de los trabajadores, para lo cual ha exigido la colaboración y la implicación de las administraciones públicas.

El acuerdo determina que los edificios residenciales tendrían que alcanzar, como mínimo, la clase de rendimiento energético E en 2030 y D en 2033, en una escala que va de la A a la G. Estos plazos se reducen a 2027 y 2030, respectivamente, para edificios públicos y no residenciales.

En línea con esto, la directiva de la Asociación de Constructores ha recordado que la propuesta no es todavía firme, aunque ha insistido en que hasta el 87% de los edificios de Baleares no cumplen las exigencias del código técnico de la edificación.

La mejora en el rendimiento energético, que puede tomar la forma de trabajos de aislamiento o mejora en el sistema de calefacción, tendrá lugar cuando se vende un edificio o se somete a una renovación importante o, si se alquila, cuando se firma un nuevo contrato.

Los estados miembros establecerán las medidas necesarias para lograr estos objetivos en sus planes nacionales de renovación. Podrán decidir excluir de la normativa los edificios protegidos por su especial valor arquitectónico o histórico, los edificios técnicos, los edificios utilizados temporalmente, las iglesias y los lugares de culto. Asimismo, podrán eximir las viviendas sociales públicas, donde las renovaciones darían lugar a aumentos de alquiler que no pueden compensarse con ahorros en las facturas de energía. La representante de los constructores ha pedido que las ayudas públicas lleguen también a las empresas constructoras, no solo a la industria, para que puedan acometer la necesaria transformación interna.