PALMA 30 de enero. El pleno del Ayuntamiento de Palma ha dado un paso significativo hacia la aprobación inicial de una nueva ordenanza municipal, destinada a promover la convivencia cívica. Esta propuesta ha contado con el respaldo entusiasta del Partido Popular y Vox, mientras que los grupos de la oposición han manifestado su rechazo frontal. A partir de ahora, el texto se someterá a un periodo de alegaciones antes de ser votado de manera definitiva.

Este movimiento representa el segundo paso en el proceso de tramitación de la ordenanza, que fue inicialmente aprobada por la Junta de Gobierno municipal y cuya presentación corrió a cargo del alcalde, Jaime Martínez, a finales de noviembre del año pasado. Desde su anuncio, la ordenanza ha sido objeto de duras críticas por parte de la oposición y diversas entidades de la sociedad civil, que han cuestionado su enfoque y efectividad.

Las medidas propuestas en la ordenanza son de amplio espectro, incluyendo la imposición de nuevas sanciones y regulaciones destinadas a restringir el uso de autocaravanas como residencias, así como limitar el tamaño de las visitas guiadas a un máximo de 20 turistas. También se busca regular la circulación de patinetes y otros vehículos de movilidad personal que carezcan de un seguro civil, además de establecer condiciones para la actividad de los artistas callejeros.

Miquel Busquets, regidor de Seguridad Ciudadana y Civismo del Ayuntamiento, ha defendido la conveniencia de esta ordenanza, argumentando que su implementación es necesaria para proteger los derechos de aquellos ciudadanos que cumplen con las normas de convivencia. Busquets afirmó que es imperativo proporcionar una respuesta política que garantice el bienestar de quienes respetan la convivencia en el espacio público.

En su discurso, Busquets dejó claro que no se busca restringir libertades, sino más bien crear un ambiente donde cada persona tenga la oportunidad de vivir con respeto, sin que su calidad de vida se vea comprometida por conductas incívicas que afectan a la comunidad en general.

El regidor de Vox, Fulgencio Coll, añadió su perspectiva, señalando que la ordenanza no tiene como objetivo criminalizar a ningún grupo de personas, sino, por el contrario, ofrecer protección a la ciudadanía frente a comportamientos delictivos. Coll dirigió sus críticas a los grupos opositores, a los que se refirió como "los comunistas y sus aliados", acusándolos de haber generado problemas de exclusión social y de falta de viviendas asequibles en Palma.

Las palabras de Coll no pasaron desapercibidas, ya que fueron recibidas con abucheos y protestas por parte de varios representantes de entidades ciudadanas que se dieron cita en el salón de plenos para expresar su discrepancia con las medidas que avanzaron en el trámite del día.

Desde el lado de la oposición, Xisco Ducrós, regidor del Partido Socialista, criticó la ordenanza alegando que es un reflejo de la incapacidad del equipo de gobierno para presentar soluciones efectivas a los problemas que aquejan a la ciudadanía. Durante su intervención, Ducrós cuestionó si realmente se puede considerar criminal a una persona que vive en una caravana por falta de hogar o a un artista callejero que no causa problemas a la comunidad.

Neus Truyol, regidora de MÉS per Palma, no se quedó atrás y descalificó el contenido de la propuesta, al calificarla de "represiva y antidemocrática". Truyol estipuló que esta ordenanza intenta ofrecer "soluciones policiales a problemáticas de carácter social".

Lucía Muñoz de Unidas Podemos, también expresó su descontento, argumentando que el Ayuntamiento, con esta ordenanza, parece estar "declarando la guerra a los pobres". Según Muñoz, las autoridades municipales parecen más preocupadas por la imagen de Palma como una marca comercial que por atender las necesidades de sus ciudadanos más vulnerables, sugiriendo que su enfoque radica en ocultar los problemas en vez de resolverlos.

El debate en torno a esta ordenanza abundará en los próximos días, a medida que la comunidad y los grupos políticos continúen expresando sus posturas y realizando alegaciones al respecto, mientras el Ayuntamiento se prepara para la votación definitiva que podría solidificar estas medidas en la legislación local.