PALMA, 4 de septiembre.

En una acción judicial llevada a cabo este jueves, se ha llevado a cabo el desalojo de una madre y su hijo menor de edad de una de las propiedades en condiciones precarias de la calle Joan Miró en Palma. Esta polémica vivienda pertenece a un agente de policía local que ha enfrentado sanciones del gobierno por arrendar estas inmuebles en condiciones irregulares.

Según información proporcionada a Europa Press por un representante de la organización Stop Desahucios Mallorca, Joan Segura, las primeras patrullas policiales comenzaron a llegar al domicilio a las 7 de la mañana. Esta intervención ha generado un gran despliegue policial en un caso ya catalogado como delicado debido a la situación de vulnerabilidad de los afectados.

La comisión judicial, que se presentó en el lugar poco después de las 9 de la mañana, estuvo compuesta por un agente que, según las acusaciones de Segura, ha hecho comentarios despectivos hacia quienes enfrentan el desalojo y ha sido sancionado en otras ocasiones.

La situación se tornó crítica cuando, tras horas de espera y presión, la madre perdió el conocimiento, lo que obligó a que los servicios médicos intervinieran en su domicilio. Según el testimonio de los activistas, los agentes aprovecharon este momento de crisis para retirar a la madre y al menor con más facilidad, lo que facilitó el desalojo que se concretó hacia el mediodía.

Acto seguido, los trabajadores contratados por el policía comenzaron a demoler el espacio que ocupaban, cercándolo para que nadie más pudiera residir allí. La rapidez con la que se actuó generó numerosas críticas entre los defensores de los derechos humanos y de los inquilinos.

A pesar de que los servicios sociales del Ayuntamiento de Palma ofrecieron refugio temporal en un hostal, la madre rechazó la propuesta debido a que no podía llevar a su perro, que requiere atención especial debido a su avanzada edad, lo que dejó aún más expuesta a la familia ante esta situación de emergencia.

Después de estos acontecimientos, la madre volvió a sentirse mal y tuvo que ser trasladada a un centro de salud para recibir la atención necesaria. La situación ha levantado un manto de solidaridad entre aquellos que defienden los derechos de las familias vulnerables.

La organización Stop Desahucios ha manifestado su compromiso de buscar soluciones habitacionales para la familia desalojada, mientras que en la comunidad de Joan Miró, habitada mayoritariamente por personas migrantes y en riesgo de exclusión social, la preocupación por futuros desalojos persiste.

Numerosos residentes en la zona se han visto amenazados de ser desahuciados por el mismo agente de policía, quien fue suspendido y multado con una considerable suma por el gobierno, lo que ha incrementado el clamor popular por la detención de estos desalojos y la restauración de los servicios básicos como agua y electricidad.