En un reciente informe de Transparencia Internacional, se ha revelado que España ha descendido diez puestos en el Índice de Percepción de la Corrupción, empeorando su situación en comparación con el año anterior

La organización ha expresado su preocupación por el aumento de la corrupción y ha vinculado este deterioro a la eliminación de organismos de control, como la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en Baleares

Según el IPC, España ha perdido cuatro puntos en su puntaje, situándose en el puesto 46 de 180 a nivel mundial y en el puesto 16 de los 27 países de la Unión Europea

Esta posición coloca a España en un nivel de percepción de corrupción similar a países como Chipre, República Checa y Granada, superando a Fiji y Omán, pero quedando detrás de Portugal

En comparación con otros países de la Unión Europea, España ha caído del puesto 14 al 16, siendo superado por Letonia y Eslovenia, aunque aún por encima de Italia, Polonia y Grecia

El informe califica a todos los países en una escala del 0 al 100, con una media global de 43 puntos, y señala que más de dos tercios de los países tienen una calificación por debajo de 50 puntos

En este sentido, España se encuentra en la categoría de "democracias defectuosas" con 56 puntos, lejos de las "democracias plenas" que encabezan países como Dinamarca, Finlandia y Singapur

Este descenso en la puntuación se produce en un contexto de varias investigaciones judiciales en curso en España, lo que ha contribuido al aumento de la percepción de corrupción en el país

Transparencia Internacional atribuye este declive a la falta de avances en políticas anticorrupción a nivel nacional y al desmantelamiento de estructuras de control en algunas comunidades autónomas, como Baleares y la Comunidad Valenciana

La organización también destaca la demora en la transposición de directivas europeas, la falta de una estrategia nacional anticorrupción y la insuficiencia de recursos en instituciones de rendición de cuentas

Además, se señala la lentitud del sistema judicial en el enjuiciamiento de casos de corrupción y el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, lo que ha debilitado al sistema judicial en su conjunto