PALMA, 24 de diciembre.

El Consell de Mallorca llevó a cabo un pleno extraordinario el pasado martes, coincidiendo con la Nochebuena, donde se aprobó un cambio de crédito que asciende a 19,1 millones de euros destinados a Tirme, la empresa encargada del tratamiento de residuos. Este movimiento tiene como objetivo principal la regulación de las tarifas relacionadas con el tratamiento de desechos en la isla.

La modificación del crédito fue ratificada de manera definitiva tras desestimar las alegaciones presentadas por los grupos Socialista y MÉS per Mallorca. Esta importante decisión consiguió el apoyo del Partido Popular (PP) y Vox, mientras que El Pi optó por la abstención, lo que refleja un consenso significativo entre las fuerzas más conservadoras.

Durante el desarrollo del debate, Rafel Bosch, conseller insular de Hacienda y Función Pública, defendió la modificación como un mecanismo esencial para "proteger el bolsillo de los mallorquines y prevenir que enfrenten un aumento en las tarifas de residuos el próximo año". Esta declaración subraya el compromiso del Consell con la economía local y la preocupación por el impacto que los incrementos tarifarios podrían tener en la vida diaria de los ciudadanos.

Asimismo, el Consell ha manifestado su intención de bonificar completamente la nueva tarifa establecida por Tirme. "Este era el compromiso que adquirimos con la ciudadanía y estamos trabajando arduamente para honrar nuestra palabra", reveló Bosch, enfatizando la transparencia y el cumplimiento de promesas electorales.

De los 19,1 millones de euros asignados, 13,5 millones se destinarán a la implementación de una nueva tarifa para el tratamiento de residuos orgánicos en la recogida municipal, en cumplimiento con la normativa estatal sobre residuos y suelos contaminados para promover un modelo de economía circular.

Según la información proporcionada por la institución insular, esta nueva normativa busca incentivar la recogida selectiva de la fracción orgánica y avanzar hacia un sistema de gestión de residuos más sostenible y eficaz, alineándose con las mejores prácticas medioambientales.

En otro aspecto, se prevé un desembolso de 5,4 millones de euros para corregir el déficit acumulado durante el ciclo tarifario anterior, que abarcó desde junio de 2023 hasta mayo de 2024. Este desajuste se deriva de la diferencia entre los ingresos reales del servicio eléctrico y las proyecciones iniciales.

Durante la sesión plenaria del martes, Bosch también expresó su preocupación por el impacto que la eliminación de la subvención a las energías renovables por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha tenido sobre el sistema tarifario. Según él, esta decisión ha resultado en una pérdida de ingresos de 12 millones de euros para el Consell, lo que resalta la necesidad de una revisión de las políticas energéticas actuales y sus repercusiones en las administraciones locales.