PALMA, 29 de septiembre. - La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha presentado sus objeciones en relación al traslado de los dos primeros menores migrantes no acompañados. Las razones expuestas son el colapso del sistema de acogida y la carencia de documentación necesaria para proceder.

En este contexto, el Govern ha reiterado que Baleares se encuentra en un estado de sobresaturación, con más de 700 menores bajo tutela, lo que refleja una ocupación alarmante por encima del 1000% de su capacidad.

Según un comunicado de prensa emitido por la Conselleria, actualmente, un porcentaje notable de dos de cada tres menores en el sistema de protección son migrantes. Esta realidad complica la posibilidad de ofrecer una atención que sea adecuada y que respete los derechos de todos los niños y adolescentes en tutelaje.

La situación, que ha sido reconocida por el propio Estado en una reciente declaración de emergencia migratoria, ha llevado a que el Govern declare que aceptar nuevas derivaciones es inviable.

Las alegaciones contenidas en el documento presentado por la Conselleria también apuntan a que el proceso en curso infringe lo establecido en el Real Decreto 658/2025, dado que los trámites correspondientes a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia no han sido completados.

Asimismo, han subrayado que hay una falta de documentación clave referente a la situación familiar y personal de los menores, que no se han garantizado los protocolos de protección y repatriación estipulados en la normativa actual y que, en consecuencia, resulta "materialmente imposible" llevar a cabo nuevos traslados dadas las condiciones del sistema de acogida en Baleares.

La Conselleria ha hecho hincapié en que en los últimos meses se han interpuesto diversos recursos legales contra los decretos estatales que regulan la acogida de menores migrantes.

En concreto, se ha recurrido el Real Decreto-ley 2/2025, que modifica la Ley de Extranjería para adoptar medidas urgentes en situaciones de contingencia migratoria, así como el Real Decreto 658/2025, que establece el procedimiento de acogida y distribución de menores no acompañados entre las comunidades autónomas. También se ha cuestionado el Real Decreto 743/2025, que limita la capacidad del sistema de protección en Baleares a 406 plazas, una cifra que el Govern considera absolutamente inasumible.

El Govern ha reafirmado su compromiso con la protección de la infancia y con la defensa del interés superior de los menores. Sin embargo, insisten en que la respuesta a la actual emergencia migratoria debe ser solidaria, equilibrada y ajustada a la capacidad real de cada territorio, exigiendo al Estado que asuma plenamente sus responsabilidades y ofrezca soluciones concretas y efectivas.