El Parlament de las Islas Baleares ha adoptado recientemente un decreto ley que redefine el panorama del turismo en la región, fruto de un consenso entre el Partido Popular (PP) y Vox. Esta medida ha sido aprobada con 33 votos a favor, mientras que los grupos de izquierda manifestaron su desacuerdo total, alegando que se incrementarán las plazas turísticas, algo que el Gobierno asegura que no sucederá.

Jaume Bauzà, conseller de Turismo, Cultura y Deportes, defendió el decreto señalando que es el resultado de un exhaustivo proceso de escucha y diálogo. Destacó que la intención de esta normativa no es únicamente frenar el crecimiento, sino corregir el rumbo del turismo en Baleares.

El decreto, que aborda temas de oferta ilegal y calidad turística, incluye medidas para reactivar el intercambio de plazas turísticas pero, según Bauzà, esto no significa un aumento en el número total de plazas disponibles. Insistió en que quienes contradicen esto no han leído correctamente la normativa o están intentado crear confusión.

Entre sus disposiciones, se prohíbe la creación de nuevas plazas en viviendas plurifamiliares en todo el archipiélago. Además, se han endurecido los requisitos de calidad para aquellos alojamientos que buscan renovar su licencia cada cinco años. Con su entrada en vigor, la moratoria sobre nuevas plazas se levantará temporalmente, permitiendo a los consells insulares establecer un límite definitivo.

En cuanto a la lucha contra la oferta ilegal, Bauzà destacó un incremento del 25% en las sanciones, que pueden llegar hasta los 500.000 euros, y la inclusión de plataformas digitales en la responsabilidad compartida por la actividad turística, una medida que calificó de pionera y esencial.

María Salomé Cabrera, diputada del PP, enfatizó la necesidad de promover un coexistencia armoniosa entre residentes y turistas, criticando la gestión del PSIB por el crecimiento de plazas turísticas y el auge de la oferta ilegal durante los últimos ocho años. Según ella, es esencial centrarse en la calidad y la excelencia del sector turístico.

Por su parte, la diputada de Vox, Manuela Cañadas, subrayó la contribución de su partido al decreto, que ha cambiado en aspectos clave gracias a su intervención, impidiendo que se incluyeran medidas intervencionistas o un aumento del Impuesto sobre el Turismo Sostenible (ITS).

Cañadas resaltó que el turismo ahora se protege y se respeta, evitando que se impongan las ideas antiturísticas de la izquierda. La eliminación de un incremento del ITS, que inicialmente había sido propuesto por el Gobierno, fue también un motivo de celebración para su partido, así como la garantía de recursos para combatir la oferta ilegal.

Los opositores al decreto, sin embargo, manifestaron su desacuerdo absoluto, considerando que las nuevas medidas no son lo suficientemente audaces y que en realidad podrían resultar en un aumento de plazas turísticas. Iago Negueruela, del PSIB, argumentó que el Gobierno ha confundido a la opinión pública y criticó la falta de transparencia sobre las promesas iniciales de la presidenta Prohens, sugiriendo que solo se están generando falacias.

Negueruela también acusó a Bauzà de no haber negociado adecuadamente con otros partidos y de haber consensuado un acuerdo unilateral con Vox. Afirmó que el decreto desmantela las medidas valientes que se habían considerado anteriormente, como moratorias y reducciones de plazas.

Desde MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia criticó el uso del decreto, alegando que no hay justificación para ello, mientras que el diputado menorquinista, Josep Castells, coincidió en que no se han presentado argumentos que respalden con urgencia esta decisión. En su opinión, el decreto perpetúa un modelo de masificación que debería ser revisado.

La diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, lamentó que la nueva regulación dará lugar a la pérdida de muchas plazas residenciales, beneficiando a unos pocos en detrimento de la población local. Criticó que, bajo el nuevo marco, personas que no habían pagado por sus futuros alquileres turísticos ahora puedan acceder a beneficios económicos que antes no existían.