El Parlamento de las Islas Baleares ha decidido, en una reciente sesión, no apoyar la propuesta de cerrar la base militar EVA-7 del Ejército del Aire en Puig Major ni la transferencia de sus terrenos a la comunidad autónoma. Esta decisión se produce tras la votación de una proposición no de ley presentada por Unidas Podemos, que fue defendida en la Comisión de Asuntos Institucionales por el diputado José María García, y que fue rechazado con el respaldo de los votos en contra de PP, PSIB y Vox.

Dentro de la misma iniciativa, se planteaba la necesidad de abrir esta base al público, garantizando un equilibrio entre su uso y la seguridad de usuarios y trabajadores. Además, se solicitaba que el Gobierno central no incrementara el gasto militar y que reconsiderara su posición en relación a la OTAN y otros convenios de defensa.

La propuesta iba más allá, requiriendo que el Ejecutivo español anunciara la no renovación del convenio de cooperación en defensa con Estados Unidos, así como la prohibición del uso de infraestructura balear para fines militares vinculados a la OTAN. Esto abarcaría específicamente puertos y bases aéreas en Baleares, incluyendo Maó y Son Sant Joan, entre otros.

Finalmente, el Parlamento declinó la autorización para el uso de territorios y recursos de las Baleares con fines militares, enfatizando su deseo de que la región se mantenga como una "tierra de paz y cooperación", un mensaje que resuena con su postura contra cualquier colaboración con lo que consideran gobiernos genocidas.

En otra línea, la misma comisión ha dado luz verde a una proposición no de ley relacionada con la radiotelevisión pública, en la que se solicita al Govern el rechazo a la censura ideológica y la defensa de la independencia editorial de los medios públicos. Este punto ha recibido el apoyo unánime, a excepción de un voto en contra de Vox y la diputada no adscrita, Idoia Ribas, en lo que se refiere a la represión franquista y su reconocimiento.

Por su parte, el resto de las propuestas que pretendían impulsar la memoria democrática y retomar programas específicos también han sido desestimadas por la mayoría, que incluye a PP y Vox. Mientras tanto, se ha debatido una proposición por parte del PP que defiende que la gestión de la inmigración debe ser una competencia exclusivamente del Estado, rechazando el traspaso de estas responsabilidades a Cataluña y el trato desigual entre territorios.

La conclusión de este debate ha llevado a que el Parlamento inste al Gobierno de España a que desista de cualquier intento de delegar competencias en materia de inmigración a Cataluña y que proteja la unidad de acción de las fuerzas de seguridad. Esta proposición ha sido aprobada con el apoyo de PP, Vox y Ribas, frente a la oposición de partidos como el PSIB y MÉS per Mallorca.