En una decisión reciente, el Tribunal Supremo (TS) ha ratificado la condena por abusos sexuales que pesa sobre Rodrigo de Santos, quien en su momento se desempeñó como regidor de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma. Esta es la segunda condena que enfrenta el exedil, una noticia que genera una considerable preocupación en la sociedad respecto a la conducta de figuras públicas.

El alto tribunal ha desestimado el recurso interpuesto por de Santos contra la sentencia emitida por la Audiencia de Madrid, que lo había sentenciado a dos años de prisión por haber abusado sexualmente de un preso bajo su responsabilidad en el marco de su labor en una fundación en la capital española. Este caso se agrava al conocer que De Santos se había involucrado en la fundación inicialmente como voluntario. No obstante, el TS también ha determinado que el exregidor fue absuelto de otras dos acusaciones que provenían de distintos internos en situaciones similares.

La resolución del Tribunal Supremo destaca que los abusos sexuales ocurrieron en el contexto de una relación entre un educador y un interno vulnerable, que carecía de arraigo social y personal en España. Este preso residía temporalmente en un piso de una fundación que colaboraba con el Centro Penitenciario Madrid VI en Aranjuez, mientras cumplía su condena y también durante los permisos de salida que se le otorgaron. La naturaleza de esta relación, en la que uno de los implicados se encontraba en una clara situación de desventaja, ha sido fundamental en la valoración del caso.

La sentencia enfatiza que la víctima estaba en una posición de vulnerabilidad, lo que agrava la conducta de De Santos y justifica plenamente la imposición de una pena de dos años de prisión. Este veredicto no solo reafirma la gravedad de la falta cometida, sino que también resalta la necesidad de proteger a las personas en situaciones de debilidad frente a abusos por parte de quienes tienen una posición de poder sobre ellas.

Es importante recordar que Rodrigo de Santos ya había sido condenado previamente en 2010 por la Audiencia Provincial de Palma, en aquel entonces por un delito de abuso sexual con acceso carnal a un menor, lo que le valió una pena de cinco años de prisión. En el presente caso, la Fiscalía de Madrid había solicitado una condena que ascendía a 20 años para este expolítico, lo que refleja la gravedad de los delitos que se le imputan y la preocupación social por estos actos.