El exdirector del Servicio de Salud de Baleares, Juli Fuster Culebras, ha ofrecido declaraciones sorprendentes en el Senado en relación al polémico 'caso Koldo'. Aseguró que la propuesta de suministro de mascarillas de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, vinculada a la mencionada trama, llegó a su departamento a través de un Ministerio, aunque no supo precisar si este era el de Industria o el de Transportes.

En su intervención, Fuster planteó retóricamente: “¿Quién iba a dudar del Gobierno de España?”, una afirmación que resalta la confianza que tenía en la administración y que ha generado reacciones variadas dentro del ámbito político.

Mientras respondía a las interrogantes del senador del Partido Popular, Miguel Àngel Jerez, Juli Fuster dejó claro que él no era el encargado de gestionar el contrato de las mascarillas en cuestión, aunque sí admitió haber recibido una comunicación de un funcionario del Ministerio que no pudo identificar. Este contacto les informó sobre un envío de mascarillas KN95, equivalentes a las FFP2, destinadas a las fuerzas de seguridad, indicando que había un excedente disponible.

Ante este anuncio, el Servicio de Salud tuvo la precaución de solicitar la documentación técnica de los productos para que el departamento de compras pudiera confirmar la validez de la oferta. Eventualmente, esta revisión llevó a la materialización del contrato mencionado.

A pesar de las controversias, Fuster insistió en que las mascarillas adquiridas estaban destinadas desde un principio al uso civil. Sin embargo, reconoció que hubo un momento en que la equivalencia entre las mascarillas KN95 y las FFP2 generó confusión, lo cual motivó un análisis más exhaustivo de las mismas.

Subrayó que, ante la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia, el Servicio de Salud optó por almacenar las mascarillas, aunque argumentó en diversas ocasiones que en el momento de la compra, el Ministerio de Industria consideraba que las mascarillas KN95 cumplían con los estándares de las FFP2.

En marzo de este año, el Servicio de Salud presentó una solicitud formal de reintegro de fondos, pero la empresa vinculada a la trama Koldo rechazó dicha demanda. Fuster, por otro lado, aclaró que su dimisión del cargo no estaba relacionada con la investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, sino que fue resultado de un error administrativo relacionado con un tribunal de oposición en el área de anestesia.