PALMA, 6 de octubre.

Jaume Ferrer, quien se desempeñó como presidente del Consell de Formentera entre 2007 y 2019, ha defendido su actuación en el controvertido caso de la demolición del centro comercial de Ca ses Castellones, en Sant Ferran. En su declaración, Ferrer afirmó que la presentación de recursos contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, que ordenaba el derribo de la construcción, se realizó con el único fin de proteger las finanzas públicas del Consell.

Esta defensa tuvo lugar durante la última sesión del proceso judicial que se lleva a cabo contra Ferrer, el exconseller de Territorio, Bartomeu Escandell, y otros funcionarios locales, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial.

El exlíder del Consell evitó responder a las acusaciones del representante de la parte popular, que lo acusa de favorecer intereses privados en relación a la construcción de nuevas rondas en Sant Francesc y Es Pujols. En cambio, dirigió sus respuestas únicamente al fiscal y a su propio abogado.

Ferrer ratificó que en ningún momento se buscó desobedecer la sentencia judicial y subrayó que todas sus acciones contaron con el respaldo de los expertos del Consell. Aseguró que la institución no podría soportar una responsabilidad patrimonial que comprometiera aún más sus mermados recursos públicos.

En cuanto a la votación del pleno para redefinir los conjuntos de Bien de Interés Cultural (BIC), que excluyó el centro comercial de Ca ses Castellones, Ferrer explicó que se trataba de una revisión general de todos los conjuntos BIC de Formentera, y no de una decisión tomada únicamente en relación a este caso particular.