PALMA, 30 de diciembre.

El año 2024 ha estado marcado en el panorama judicial de las Islas Baleares por los ecos del caso Koldo, así como por la repetición del juicio con jurado popular de Pau Rigo. Este último es un anciano que se vio envuelto en la trágica situación de haber matado a uno de los ladrones que irrumpieron en su hogar en Porreres, Mallorca.

Entre los numerosos procesos judiciales que han llegado a los tribunales en este periodo, destacan aquellos que involucran a figuras públicas, como el caso Multimedia, que concluyó con un acuerdo, y el caso Calanova, que aún espera una sentencia definitiva.

Recientemente también se ha cerrado el caso relacionado con un incidente en el que un grupo de aproximadamente veinte jóvenes marroquíes interrumpió el funcionamiento del aeropuerto de Palma al forzar un aterrizaje para tratar de ingresar de manera ilegal en España. Tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, varios de ellos han aceptado penas por sedición aérea y coacciones.

En el transcurso del año, otros asuntos igualmente graves han captado la atención del público, como la condena sufrida por dos hombres que fueron considerados culpables por causar la muerte de un turista alemán al arrojarlo de una furgoneta en marcha durante octubre de 2022. Además, el caso de la condena a 138 años de prisión a cuatro individuos por una violación grupal de una menor en Palma, conocido como 'la manada del polígono de Levante', ha sido otro de los puntos álgidos.

Uno de los momentos políticos destacados ha sido la a imagen de la silla vacía de Koldo García en la comisión de investigación abierta en el Parlament debido al caso Mascarillas. Este episodio de supuesta corrupción continúa bajo la atención de la Audiencia Nacional.

La declaración del exasesor del exministro José Luis Ábalos estaba prevista como un momento clave, pero finalmente no se llevó a cabo. Koldo desatendió la cita en dos ocasiones, cerando así la oportunidad de brindar explicaciones a los diputados.

El caso Koldo se centró en la adjudicación de un contrato por parte del anterior Gobierno para la compra de mascarillas destinadas a combatir la pandemia, sumando un total de 3,7 millones de euros, una operación cuyos detalles han sido cuestionados por las autoridades, especialmente después de que las mascarillas entregadas no fueran conforme a lo solicitado.

Un punto de tensión significativo entre PP y PSIB ha sido la caducidad del expediente de reclamación, que ha implicado la pérdida de los fondos destinados a esta compra. En este contexto, los socialistas denunciaron al director general del IbSalut, Javier Ureña, por permitir que el expediente caducara y, por ende, arriesgar el dinero invertido. La administración actual del IbSalut ha defendido la validez y las gestiones realizadas en este caso.

Con el objetivo de restaurar el curso de la justicia, el Gobierno ha iniciado un expediente para anular el contrato original y así tratar de recuperar el dinero perdido. Sin embargo, la controversia sigue en torno a los presuntos vínculos de la expresidenta Armengol con individuos implicados en la trama.

La comisión de investigación creada en el Parlament concluyó con unas conclusiones firmadas conjuntamente por PP y Vox, que consideran que existen elementos suficientes que apuntan a una posible trama de corrupción, destacando que la compra de las mascarillas se realizó al margen de lo estipulado por el Ministerio.

El 21 de noviembre pasado, el jurado popular absolvió por unanimidad a Pau Rigo de los cargos de homicidio que pesaban sobre él por la muerte de uno de los asaltantes de su hogar, un hecho ocurrido en 2018. Posteriormente, se conoció la sentencia que condenó a tres años de prisión a los tres ladrones imputados por el robo.

La absolución de Pau Rigo cerró un capítulo largo y complicado, luego de la repetición del juicio debido a que el jurado anterior no logró alcanzar la unanimidad requerida. A raíz de este contratiempo, se comenzaron a emprender recursos que finalmente llevaron a su absolución y posteriormente a que el TSJIB ordenara la repetición del juicio.

Asimismo, el juicio con jurado popular contra dos individuos acusados de asesinar a un turista alemán tras arrojándolo de una furgoneta en marcha en la autopista de Llucmajor en octubre de 2022 se llevó a cabo entre noviembre y diciembre. La decisión del jurado fue de culpabilidad, con siete votos a favor y dos en contra.

En otro caso de relevancia, la cúpula de la extinta Sa Nostra se enfrentó a cargos de apropiación indebida, con condenas solicitadas de hasta cuatro años de prisión para los exdirectores generales y penas menores para otros miembros de la directiva.

Asimismo, destacó el caso de una mujer de Menorca que fue acusada de yihadismo, supuestamente captando a otros individuos para la causa extremista: "¿No quieres inmolarte conmigo?" o "En el paraíso hay muchas doncellas" fueron parte de las manifestaciones obtenidas durante la investigación.

En Madrid, un descendiente del fundador de Banca March fue sentenciado a pagar tres millones de euros por haber vendido su mansión en Mallorca en dos ocasiones distintas.

El ámbito político también ha sido objeto de escrutinio judicial, como se evidencia en el caso Multimedia, donde han estado implicados exfuncionarios del PSIB, incluyendo a Antoni Manchado y Francisco Cano. Este caso finalmente terminó en acuerdos que les permitieron reducir sus penas y evitar la cárcel.

De la misma forma, entre noviembre y diciembre se llevó a cabo el juicio por el caso Calanova, donde el exconseller de Turismo Carlos Delgado se sentó en el banquillo debido a irregularidades en la concesión de un puerto deportivo en 2013.

Adicionalmente, en un asunto de acoso sexual, el exgerente de la Entidad Pública Empresarial de Telecomunicaciones e Innovación (Ibetec), Juan Antonio Serra Ferrer, entró en un acuerdo de culpabilidad por agresión sexual tras ser destituido el año anterior.

La Policía Local de Palma también ha estado en la mira, con varios antiguos altos cargos y funcionarios enfrentándose a acusaciones por alterar resultados en oposiciones. El caso resultó en la condena del exdirector general de Seguridad Ciudadana del Consistorio palmesano, Enrique Calvo, a nueve meses de inhabilitación, mientras el resto de acusados fueron absueltos.

Otros elementos de interés han incluido acusaciones de soborno implicando a policías locales y empresarios del ocio nocturno, donde todos los acusados fueron finalmente absueltos en un juicio por supuestas irregularidades en Playa de Palma.

El año cerró con el auto que determina la apertura de juicio oral contra el expresidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Joan Gual de Torrella, junto al exalcalde de Ibiza, Rafa Ruiz y otras 12 personas, por el presunto amaño de contratos públicos, en el contexto del caso Puertos, donde la Fiscalía ha solicitado una pena de nueve años de prisión para Gual de Torrella.