La Fiscalía de Baleares pide informar a la UE sobre denuncia contra Ureña.

En una nueva acción polémica, la Fiscalía de Baleares ha decidido comunicar a la fiscalía europea sobre el proceso legal en curso por la denuncia presentada por el PSIB contra el actual director general del IbSalut, Javier Ureña, relacionada con la reclamación realizada a la empresa vinculada al caso Koldo.

La denuncia presentada por el PSIB acusa a Ureña de permitir la caducidad de la reclamación del IbSalut a la empresa por la calidad de las mascarillas suministradas. De acuerdo a los socialistas, el director general habría facilitado intencionalmente la expiración del expediente "en beneficio claro de la empresa y sus colaboradores", considerando el nuevo expediente como una distracción una vez que se supo de la investigación.

Además de Ureña, la denuncia también apunta a la empresa investigada en el caso Koldo, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, y a su administrador, Íñigo Rotaeche, uno de los imputados en la causa que se lleva en la Audiencia Nacional.

Ante estas acusaciones, el fiscal Anticorrupción Juan Carrau presentó un escrito al Juzgado de Instrucción número 7 de Palma informando sobre la investigación en curso y la conexión con un procedimiento por el mismo contrato que está siendo tramitado por la Fiscalía Europea, según lo adelantado por el 'Diario de Mallorca'.

En este comunicado, se solicita informar a Europa sobre "la existencia del presente procedimiento judicial y su relación con el contrato" con la empresa investigada, así como con las reclamaciones previas realizadas a la compañía. También se menciona la posible influencia o presión ejercida a favor de Soluciones de Gestión en procesos de contratación administrativa y expedientes posteriores.

Además, se requiere obtener del IbSalut copias de todos los documentos relacionados con el contrato, las reclamaciones previas y cualquier otro proceso relevante en este asunto.

La controversia sobre la caducidad del expediente ha desatado una disputa entre PP y PSIB en las Islas Baleares. La resolución que notifica la reclamación a la empresa establece un plazo de tres meses, el cual los implicados han mencionado en sus defensas al referirse a la decisión de la Comunidad de no seguir adelante con la reclamación.

El equipo actual del IbSalut sostiene que según la normativa aplicable, el plazo sería de ocho meses, por lo que aún se encontraba vigente cuando se tuvo conocimiento del caso. Se señala un "error" material en la referencia a los tres meses. A pesar de ello, la administración nunca respondió a las alegaciones presentadas por la empresa en noviembre.

El caso tomó relevancia en febrero con la detención del ex asesor de José Luis Ábalos, y en marzo el IbSalut decidió abandonar la reclamación original al considerarla inviable. Al mismo tiempo, se inició un nuevo expediente para declarar nulo el contrato desde su origen y exigir el reembolso total de 3,7 millones de euros. La empresa ha presentado argumentos en su defensa, según confirmaron fuentes del IbSalut.

En una comparecencia en la Comisión de Salud en el Parlament, Ureña desestimó la posibilidad de que el Gobierno del PP hubiera acordado con la trama Koldo dejar caducar el expediente bajo presiones de un ex asesor de Ábalos, vinculado al PSOE. Ureña tendrá que comparecer nuevamente en el Parlament el 3 de junio en el marco de una comisión de investigación no permanente sobre este asunto.

Por otro lado, la Audiencia Nacional ha aceptado la solicitud del Govern de personarse como parte perjudicada en el caso Koldo, tras presentar la Comunidad la descertificación de los fondos europeos utilizados para el contrato de 3,7 millones con la empresa investigada.

Esta personación permitirá al Govern acceder a la documentación de la causa y solicitar las diligencias necesarias, siendo una decisión definitiva e inapelable por parte de la Sala de lo Penal.