El pasado 24 de mayo en Palma, la Obra Cultural Balear (OCB) ha solicitado un enfoque cauteloso respecto a la interpretación del reciente fallo del Tribunal Constitucional en lo que concierne a la eliminación del requisito del catalán para los profesionales de la sanidad en las Islas Baleares.

En un comunicado emitido por el presidente de la OCB, Antoni Llabrés, se destacó que el Tribunal Constitucional no ha abordado el fondo del asunto, limitándose a no pronunciarse sobre las razones de inconstitucionalidad que plantearon los demandantes en su recurso.

El pronunciamiento del Tribunal, que tuvo lugar el viernes, se refiere a un primer recurso presentado por la OCB a través de 50 representantes del PSOE y Sumar. En este contexto, el Tribunal indicó que el recurso ha perdido su relevancia, dado que la norma contra la que se dirigía, el Decreto Ley 5/2023, ha sido derogada mediante la Ley 7/2024 de simplificación administrativa, en un incidente donde el PP votó a favor de ciertas enmiendas propuestas por Vox en el Parlament.

En respuesta a esta situación, con el fin de enmendar el “despropósito legislativo”, el Govern adoptó el Decreto Ley 5/2024, que restableció el texto original del Decreto Ley 5/2023.

La OCB, entretanto, presentó un segundo recurso contra el Decreto Ley 5/2024, cuyo proceso sigue su curso. Se espera que la admisión o rechazo del mismo se defina el próximo 27 de mayo, momento en el cual la OCB confía en que el Tribunal Constitucional se adentrará en el fondo del asunto.

Llabrés subrayó que, hasta la fecha, el Tribunal ha examinado únicamente un aspecto formal del recurso, específicamente la posibilidad de regular esta materia a través del decreto ley, donde el TC ratificó la postura del Govern.

Desde la perspectiva de la OCB, el Tribunal Constitucional avala los argumentos presentados por el Govern en relación a las razones de urgencia que llevaron a eximir del conocimiento del catalán a los trabajadores de la sanidad, aunque lo consideran de forma incorrecta.

La OCB recordó que anteriormente había señalado que los informes que justificaban esta exención no reflejaban la realidad. En el marco del proceso de estabilización del personal sanitario, se habían presentado más candidatos con conocimientos de catalán que las plazas disponibles, descartando así que existan vacantes en el ámbito sanitario por cuestiones lingüísticas. Según reportes de la OCB, de las 1.277 plazas de enfermería, “ninguna ha quedado vacante”.

Finalmente, el presidente de la OCB enfatizó que “el control de constitucionalidad de una norma únicamente indica que tal norma es compatible con la Constitución, no más”. De este modo, Llabrés puntualizó que la norma anterior, que sí exigía conocimientos de catalán para trabajar en el sector público de la salud, también era constitucional.

“Por lo tanto”, aseguró, “la mejor decisión sería que el Govern defendiera los derechos lingüísticos de los ciudadanos de estas islas en lugar de socavarlos”.