La cita para el juicio ha sido fijada para mayo de 2025.

PALMA, 15 de julio.

La audiencia contra 22 individuos pertenecientes a una organización delictiva que supuestamente se dedicaba al robo de autos de lujo para luego venderlos ha concluido este lunes sin llegar a un acuerdo.

El juicio ha sido programado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial para el 3 de mayo de 2025. Cabe destacar que la Fiscalía solicita penas que alcanzan los 200 años de prisión para 21 de los acusados, mientras que para otro se piden 90 días de trabajo en beneficio de la comunidad.

De acuerdo con el fiscal, todos los involucrados formaban parte de una organización que operaba desde el año 2015, dedicada al robo de automóviles de lujo, falsificación de documentos y su posterior venta, tanto en España como en el extranjero.

La banda tenía múltiples modos de operación. La Fiscalía sostiene que, además de robar los autos en lugares de estacionamiento públicos o privados, también los sustraían de depósitos judiciales donde estaban embargados.

Los autos obtenidos tenían diversos destinos, ya que algunos eran desmembrados en un desguace propiedad de uno de los acusados, mientras que otros eran puestos a la venta en la tienda de otro de los implicados, quien también los ofrecía en países como Bulgaria, Croacia o Alemania. Otros vehículos tenían sus placas cambiadas y eran utilizados en territorio nacional.

La organización logró robar al menos 47 vehículos, de los cuales no han sido recuperados todos. Para llevar a cabo estos actos, según relata el Ministerio Público, la banda tenía una estructura jerárquica bien definida.

De acuerdo con la investigación, dos individuos estaban en la cima de la organización y se encargaban de planear los robos, contando con la ayuda de un empleado de una concesionaria encargada de depósitos municipales, quien proporcionaba información relevante sobre los vehículos en dichos depósitos.

Una vez localizados los autos, se realizaban diferentes acciones para verificar si tenían deudas o cargas administrativas. Presuntamente, contaban con la colaboración de un guardia civil, procesado en el caso, quien tenía acceso a registros relevantes por su posición como agente. Además, se indica que tenía intereses en una concesionaria donde miembros de la banda vendían vehículos.

Otros integrantes de la organización también se encargaban de verificar los registros, como el propietario y una administrativa de un desguace en Son Castelló, quienes además tramitaban contratos de compra-venta, entre otras actividades.

Los vehículos que no podían venderse eran desmontados y vendidos por partes, según la acusación de la Fiscalía.

Además, otros acusados, según la Fiscalía, realizaban diversas tareas dentro de la organización criminal, como falsificar documentos, robar autos, custodiarlos o transportarlos en barco a la península y posteriormente a otros países.

Aunque no se ha determinado el monto total defraudado, se sabe que al menos uno de los vehículos robados está valorado en 64,900 euros.

Los delitos descritos por el fiscal incluyen organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, violación de la seguridad vial, hurto y uso ilícito de vehículos.