En un nuevo episodio que sacude el mundo del deporte en España, Miquel Bestard, quien ocupó anteriormente el cargo de exvicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y fue presidente de la Federación de Fútbol de Baleares (FFIB), ha sido convocado a presentarse como investigado por un caso de apropiación indebida en la Audiencia Nacional. La fecha fijada para su comparecencia es el próximo 28 de enero, dentro del marco del denominado 'caso Soule', que ha atraído la atención de los medios y de los aficionados al fútbol.

En otro giro significativo de los acontecimientos, el juez Francisco de Jorge de la Audiencia Nacional ha sugerido llevar a juicio a Ángel María Villar, expresidente de la RFEF, por la presunta obtención de contratos que habrían perjudicado ostensiblemente a la entidad entre 2007 y 2017, generando un daño estimado en 4,5 millones de euros. Estos contratos están relacionados con la celebración de amistosos de la selección española, situación que supuestamente benefició de manera económica a su hijo, Gorka Villar.

El auto emitido por el juez, que confirma el pase a procedimiento abreviado de esta pieza principal del 'caso Soule', detalla que Villar debería rendir cuentas ante la justicia por múltiples delitos, que incluyen la administración desleal, corrupción en los negocios, apropiación indebida y falsedad documental. En este proceso, se han señalado otros siete implicados, incluidos Juan Padrón, exvicepresidente de la RFEF, y Gorka Villar Bollaín, hijo de Ángel María Villar.

El juez ha clarificado en su informe que entre 2007 y 2017, tanto Villar como Padrón habrían abusado de sus posiciones de poder, en beneficio de individuos y entidades cercanas a su círculo. Este aprovechamiento habría tomado forma en la obtención de contratos favorablemente negociados, los cuales resultaron en condiciones económicas desfavorables para la RFEF, además de pagos que no corresponderían en muchos casos a servicios efectivamente prestados. La suma total del perjuicio a la Federación ascendería a 4.514.441,72 euros, según las estimaciones presentadas por la autoridad judicial.

Se argumenta que, al menos desde 2009, Villar y su hijo Gorka habrían manipulado la elección de rivales para los partidos amistosos de la selección española, con el objetivo de enriquecer económicamente a Gorka a través de la empresa Sport Advisers SL, mientras perjudicaban los intereses de la RFEF. La estimación de daños originados por esta conducta se sitúa en torno a 3.830.000 euros, con ingresos para Gorka Villar que rondarían los 366.583,08 euros.

La investigación también revela que Villar habría diseñado esta trama para eludir la supervisión de los órganos competentes dentro de la RFEF, otorgando a su hijo la responsabilidad sobre la selección de los equipos rivales y la negociación de los términos de los partidos, a pesar de no tener una relación contractual que lo legitimara para ello. El magistrado observa que esto habría permitido a Gorka Villar establecer no solo los rivales a enfrentar, sino también negociar las condiciones económicas de los partidos en detrimento de la Federación.

En este contexto, se señala que se realizaron partidos amistosos que involucraron a selecciones como Corea del Sur, Chile, Venezuela, Perú y Colombia. Los dos encuentros con Corea del Sur habrían implicado un perjuicio a la RFEF de 630.000 euros, mientras que los partidos contra Chile habrían dejado de ingresar al menos 3,2 millones de euros.

El informe también menciona que Gorka Villar firmó contratos con federaciones extranjeras de fútbol que establecían compromisos para partidos amistosos con precios inferiores a los que la RFEF podría haber obtenido, lo que vulneraría los intereses de la misma entidad.

Adicionalmente, el documento del juez expone diversas irregularidades más, como el pago a personas cercanas a Villar por servicios que nunca se proporcionaron, así como la maniobra que consistió en simular la jubilación de la secretaria de Villar para evitar la pérdida de derechos económicos que estaban garantizados en las normativas internas de la RFEF. Esta acción supuso un costo de 235.443,04 euros para la Federación.

En el marco de las investigaciones del 'caso Soule', el magistrado ha emitido tres autos adicionales que concluyen el examen de las piezas separadas referentes a las Federaciones Tinerfeña, Cántabra e Interinsular de las Palmas, y ha propuesto el procesamiento de 11 personas físicas y una jurídica más.

Por último, en las tres ramas restantes de este caso, incluyendo la Federación Catalana y las Delegaciones Territoriales de Mupresfe Andaluza y Balear, se han convocado a cinco personas para declarar como investigadas, destacando que el juez interrogará el 27 de enero al exvicepresidente de la RFEF y actual presidente de la Federación Catalana de Fútbol, Andreu Subies, así como a Clara Forcada y Josep Gatnau. Al día siguiente, se espera que Miquel Bestard y el expresidente de la Federación Andaluza, Eduardo Herrera, también rendan cuentas ante la justicia.