La reciente aprobación de la ordenanza de fomento de la convivencia cívica en el Ayuntamiento de Palma ha generado un intenso debate en la política local, con voces a favor y en contra de su contenido. Vox ha defendido esta normativa alegando que logra un equilibrio adecuado entre los derechos de los ciudadanos y el cumplimiento de sus deberes, mientras que diversos grupos de la oposición la critican aclamando que tiene un enfoque punitivo que afecta a ciertos sectores de la población.

Este jueves, la ordenanza recibió el visto bueno definitivo con el apoyo mayoritario del PP y Vox, mientras que la izquierda, compuesta por diferentes formaciones, se opuso de manera contundente. La normativa entra en vigor una vez que sea publicada en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) y ha sido ajustada tras recibir cerca de la mitad de las 66 alegaciones presentadas durante la fase de exposición pública por organizaciones y ciudadanos de Palma.

Miquel Busquets, el concejal de Seguridad Ciudadana y Civismo, se posicionó a favor de la propuesta, subrayando su importancia para la actual y futura convivencia en la capital balear. Busquets destacó la rica diversidad y el crecimiento de la ciudad como factores que traen nuevos desafíos, especialmente en torno a la necesidad de mantener un espacio público en el que todos puedan convivir pacíficamente.

El regidor enfatizó que la ordenanza no se limita a ser un listado de sanciones, sino que incluye medidas que buscan abordar problemas como el ruido excesivo, el vandalismo y el uso indebido de los espacios públicos. Su objetivo, según sus declaraciones, es transformar Palma en un lugar donde los ciudadanos puedan disfrutar de un entorno tranquilo sin enfrentamientos.

Por su parte, Fulgencio Coll, portavoz de Vox, destacó que esta ordenanza representa un paso hacia la armonía y seguridad ciudadana. A pesar de que admitió que algunos aspectos podrían haberse modificado, reafirmó que el texto es una mejora significativa respecto a la regulación anterior y proporciona una plataforma a partir de la cual se pueden fomentar mejores prácticas de convivencia.

Desde la oposición, la regidora socialista Angélica Pastor criticó la normativa, considerándola más bien un modelo que perpetúa la inseguridad y limita derechos fundamentales. Pastor manifestó su decepción por la falta de un consenso amplio en la aprobación de una ordenanza que debería reflejar las inquietudes de todos los ciudadanos de Palma.

Neus Truyol, portavoz de MÉS per Palma, acusó a la ordenanza de ser una herramienta para silenciar a quienes piensan diferente, apuntando a una lucha de clases inherente en su implementación. Tanto ella como otras voces de la oposición anunciaron su intención de llevar a cabo acciones para revocar esta normativa en el futuro próximo.

La controversia ya era anticipada, dado que la normativa había recibido reproches tanto de colectivos de caravanistas como de artistas callejeros. Una de las inquietudes más notables era la regulación sobre las autocaravanas, que ha sido modificada para permitir pernoctar en estos vehículos bajo ciertas condiciones, como no permanecer en un solo lugar por más de diez días.

Otro cambio relevante en la ordenanza afecta al número de turistas que pueden participar en visitas guiadas. Aunque inicialmente se había establecido un límite de 20, ahora se permitirá la participación de hasta 35 personas, si bien se mantendrán ciertas restricciones sobre el uso de aparatos de sonido y vehículos no autorizados en las rutas guiadas.

A pesar de las múltiples modificaciones, las sanciones correspondientes a esta normativa no se aplicarán hasta 2026, con el objetivo de no alterar los contratos turísticos vigentes para esta temporada. Además, se han aclarado aspectos relacionados con las autorizaciones para actuaciones musicales en la vía pública y se han establecido ciertas responsabilidades para los locales de comida para llevar en cuanto a la limpieza de sus alrededores.

Entre las novedades también se incluye la obligación para los usuarios de patinetes eléctricos de contar con un seguro y cumplir con medidas de seguridad, buscando así una mayor protección en el uso de estos vehículos en la vía pública.