La líder del Govern, Marga Prohens, ha desmentido las acusaciones de querer implementar una "amnistía en rústico" porque considera que sería un acto de olvido y perdón sin obtener nada a cambio.

Prohens ha explicado que no se trata de una amnistía en rústico, sino de regularizar construcciones ilegales a cambio de pagar una multa y cumplir con criterios urbanísticos y medioambientales que se establecerán en un decreto.

Esto surge como respuesta a las críticas del portavoz de MÉS en el Parlament, Lluís Apesteguia, quien ha acusado al Govern de querer beneficiar a 25.000 viviendas ilegales en rústico.

La presidenta ha recordado que estas edificaciones no son nuevas y ha lamentado la falta de acción durante ocho años por parte de anteriores gobiernos, enfatizando que se trata de familias y no de grandes inversores.

Al ser cuestionada sobre si se opone a la idea de amnistía en todos los casos, Prohens ha rechazado de forma contundente una ley que favorezca intereses políticos particulares en lugar del bienestar de la ciudadanía.

Prohens ha reconocido que la situación de la vivienda en Baleares no es ideal y ha asegurado que no promoverán soluciones simplistas ni engañosas.

La presidenta ha destacado las políticas de vivienda de su Gobierno, como el decreto de emergencia habitacional que busca equilibrar la oferta y demanda sin expandir el territorio, así como medidas como la eliminación de ciertos impuestos y un programa de Alquiler Seguro para incentivar a propietarios de viviendas vacías.

Ante las críticas del portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, Prohens ha instado a presentar propuestas efectivas y a aprender de las medidas que han fracasado en el pasado.