PALMA, 16 de septiembre. La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reafirmado su postura en contra de la condonación de la deuda pública que afecta a Baleares. Según sus estimaciones, dar este paso implicaría que cada ciudadano del archipiélago asumiría un incremento de 400 euros en la deuda per cápita, un fardo innecesario para los vecinos de las islas.

Esta declaración surge como respuesta a las críticas del diputado de Més per Menorca, Josep Castells, quien cuestionó a Prohens sobre su negativa a aceptar la reducción de deuda propuesta por el Gobierno central, pidiendo una explicación más detallada de su posición.

Castells no ha dudado en expresar su frustración ante lo que considera una "obstinación" de la presidenta, sugiriendo que su postura podría estar más alineada con la agenda electoral del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que con el bienestar de los ciudadanos baleares.

En defensa de su postura, Prohens ha afirmado que su prioridad son los intereses de los baleares, mientras acusa a Pedro Sánchez de actuar desde el interés personal de perpetuarse en el poder. Según la presidenta, no se puede sacrificar el bienestar de los residentes de Baleares en favor de una estrategia política que beneficie al Gobierno central.

El diputado Castells ha señalado que la negativa a la condonación podría costarle a Baleares entre 150 y 170 millones de euros en intereses de deuda, sugiriendo que es preferible gestionar ese dinero en los presupuestos locales en lugar de cederlo al Estado. Además, ha insinuado que el discurso de Prohens podría estar tintado de "catalanofobia".

Por su parte, Prohens ha contraatacado, acusando a Castells de mostrar un "complejo de inferioridad" hacia Cataluña y, al mismo tiempo, de defender intereses ajenos a los de Baleares. También ha criticado que se le exija apoyar un anteproyecto de ley que ha sido "corregido" y cuyo futuro es incierto en el Congreso, a diferencia de otras reformas que han fracasado, como la reducción de la jornada laboral.

Prohens concluyó que aceptar la condonación significaría transferir parte de la deuda de Cataluña y de otras comunidades a los ciudadanos baleares, transformando lo que podría parecer un "regalo" en lo que ella define como "una traición". Además, propuso que cualquier ahorro resultante debería ser reinvertido en infraestructuras esenciales, como los convenios de mejora del transporte ferroviario y de carreteras, en lugar de ceder a la presión política del Gobierno central.