En Palma, el 12 de noviembre, la diputada del PSIB, Pilar Costa, ha lanzado una fuerte crítica al Govern, comparándolo con el expresidente catalán Carles Puigdemont, pero en el ámbito urbanístico. Esta acusación surge en el contexto de las polémicas legalizaciones en terrenos rústicos, las cuales se están llevando a cabo a través del controvertido decreto de simplificación, popularmente conocido como amnistías urbanísticas.

Durante una sesión en el pleno del Parlament, el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Antoni Costa, respondió a las acusaciones de Costa afirmando que si realmente el Govern se asemejara a Puigdemont, el PSIB votaría a favor de todas sus propuestas. Este comentario destaca la tensión entre las diferentes formaciones políticas y pone de manifiesto la percepción de que las acusaciones pueden ser más de carácter estratégico que basadas en hechos concretos.

La socialista Pilar Costa, en el desarrollo de una pregunta parlamentar sobre el decreto de simplificación, expresó su descontento señalando que durante la presentación de dicho decreto en mayo no se proporcionó toda la información necesaria para que se comprendieran sus implicaciones reales. Esto sugiere un sentimiento de desconfianza hacia el actual Govern y su capacidad para gestionar asuntos tan críticos como el urbanismo.

Por su parte, Antoni Costa defendió el decreto al recordar que este incluye diversas, y a menudo reclamadas, medidas propuestas por alcaldes socialistas, tales como las legalizaciones y la creación de aparcamientos disuasorios. Asimismo, el conseller se mostró firme en señalar que el Govern está dispuesto a actuar siempre con la intención de buscar el “máximo consenso” entre las diferentes partes involucradas.

Finalmente, la diputada del PSIB hizo un llamado al Govern para que considere la inclusión de todas las zonas de riesgo en las limitaciones que eventualmente se podrían implementar antes de la votación definitiva, no restringiéndose solo a aquellas que son inundables. Esto ejemplifica la urgencia y la preocupación de los socialistas sobre el impacto que estas normativas podrían tener en diversas áreas vulnerables de su comunidad.