El Ayuntamiento de Palma enfrenta una acción legal luego de que se interpusiera una demanda por parte de las trabajadoras de las 'escoletes' externalizadas, quienes se encuentran en su segundo día de huelga indefinida. A pesar de la intervención del Consistorio, que ha establecido unos servicios mínimos considerados "excesivos", el respaldo a la protesta ha sido total, alcanzando una participación del 100 por cien.

Las federaciones de enseñanza de UGT y CCOO han emitido un comunicado denunciando la situación, tras calificar el inicio de la movilización como un “rotundo éxito”. Sin embargo, los sindicatos expresan su preocupación por la imposición de servicios mínimos que afectan a aproximadamente el 92% de las trabajadoras, un porcentaje que, según ellos, supera con creces lo que se ha visto en huelgas anteriores en el sector.

Un aspecto que ha generado indignación es la restricción que enfrenta el personal de cocina, que solo puede ejercer su derecho a la huelga durante una hora al día, mientras deben cumplir con su carga laboral en un tiempo reducido, lo que apuntan como un atropello a sus derechos fundamentales.

Ante este escenario, los sindicatos han decidido tomar medidas legales contra la administración municipal en busca de responsabilidades, pues consideran que la actuación del Ayuntamiento es de una gravedad considerable. El objetivo de la huelga es visibilizar la "discriminación salarial" que sufre el personal de las 'escoletes' externalizadas en comparación con aquellas gestionadas directamente por el Consistorio.

Las trabajadoras externas claman por la igualdad, ya que, aunque poseen la misma formación y desempeño que sus colegas, reciben hasta 700 euros menos al mes. Ante esto, los sindicatos cuestionan la intención del Ayuntamiento: si existe voluntad de abordar la equiparación salarial o si la estrategia seguirá siendo la inacción.

"Hasta la fecha, lo que han recibido las trabajadoras son solo palabras vacías, falta de atención institucional y vulneraciones a sus derechos", subrayaron los representantes de los sindicatos. De los 12 centros del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles (PMEI), ocho son gestionados por la empresa Estudi 6, de los cuales el Ayuntamiento parece haber perdido de vista a las empleadas y a los niños, lo que consideran una "irresponsabilidad inaceptable".

Desde UGT y CCOO apuntan que si el Consistorio solo asume la gestión de tres centros, eso debería reflejarse en los salarios de las trabajadoras. Acusan a la administración de carecer de liderazgo y de compromiso en la gestión de un servicio esencial para la ciudad. Por otro lado, resaltan que más de 400 familias han respaldado a las trabajadoras mediante firmas y declaraciones públicas, pidiendo que se reconozcan condiciones laborales dignas y un trato justo.