En el marco de una sesión plenaria del Parlament, celebrada el pasado 4 de noviembre, se ha producido un significativo rechazo a la Proposición de Ley presentada por Vox, la cual proponía establecer el castellano como lengua vehicular en el sistema educativo. Este rechazo llegó después de que el Partido Popular (PP) anunciara su intención de votar en contra, lo que provocó reacciones airadas por parte de los miembros de Vox, quienes acusaron a los 'populares' de falta de lealtad y de jugar sucio en el ámbito político.

El resultado de la votación fue negativo para Vox, recibiendo el apoyo del PP, PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos, así como de algunos exmiembros de Vox que ya no están adscritos. La postura del PP se centró en defender su propia propuesta que, presentada de manera reciente, tiene como objetivo regular la vehicularidad del castellano sin modificar el decreto de mínimos vigente.

Durante la sesión, el portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez, expresó su desánimo, calificando el día como "triste" y lamentando la decisión del PP. Dijo que el voto iba en contra de la libertad y cuestionó cómo un partido que se considera conservador pudiera oponerse a sus propuestas, lo que desató una serie de críticas hacia la formación popular.

Rodríguez no escatimó en palabras al calificar la contrapropuesta del PP como una "estafa" y un "engaño". Desde su perspectiva, el PP había negado a los ciudadanos el derecho a una educación en la lengua que consideraban básica y fundamental.

Por su parte, la portavoz adjunta del PP, Marga Duran, aclaró que el acuerdo discutido con Vox no abarcaba las extensiones propuestas en su texto, argumentando que la propuesta de Vox trata de rebatir aspectos centrales del sistema educativo y podría vulnerar leyes esenciales como el Estatut d'Autonomia y el decreto de mínimos.

La 'popular' extendió la mano a Vox, enfatizando que su propuesta era un cumplimiento de lo acordado previamente, a lo que Rodríguez respondió con desdén, sugiriendo que el PP los subestimaba.

La iniciativa de Vox abarcaba cambios en once apartados de la ley de Educación, proponiendo modificaciones que tocarían aspectos organizativos y lingüísticos, lo que algunos, incluidos miembros del PSIB, criticaron como una serie de absurdos sin fundamento educativo. Amanda Fernández, diputada del PSIB, acusó al PP de facilitar la materialización de estas "barbaridades".

Fernández también rechazó la propuesta del PP, sugiriendo que ambas iniciativas eran similares y que ambas formaciones estaban jugando con el tema de la lengua en pos de intereses políticos. MÉS per Mallorca, representado por Maria Ramon, también criticó a Vox, alegando que la propuesta no respondía a necesidades educativas, sino que estaba siendo utilizada por la ultraderecha.

Ramon manifestó sus dudas sobre la lealtad del PP, advirtiendo que la historia reciente muestra que a menudo ceden ante las presiones de Vox. Instó a que, más allá del voto en contra, el PP debe demostrar que no negociará el uso de la lengua en futuras decisiones.

Joana Gomila, de Més per Menorca, también defendió la protección del catalán, mientras cuestionaba los intentos del PP por modificar la ley de Educación para blindar el uso del castellano. Con una postura crítica, argumentó que tanto la propuesta de Vox como la del PP no son necesarias y se refirió a la inconsistencia en las políticas lingüísticas del PP.

Finalmente, José María García de Unidas Podemos, subrayó la importancia de proteger el catalán, sugiriendo que eliminar su predominancia en la educación violaría el proceso de normalización lingüística que aún está en curso.