En una decisión significativa para el sector turístico, el Butlletí Oficial de les Illes Baleares ha hecho pública el martes una nueva normativa turística que resulta de un acuerdo entre el Govern y Vox, ratificada por el Consell de Govern el pasado viernes. Este enfoque, concebido para fortalecer el control en el ámbito turístico, refleja una clara estrategia del ejecutivo regional.

El pacto instaurado entre el Gobierno balear y el partido liderado por Santiago Abascal ha establecido un conjunto de medidas que priorizan el combate a la oferta ilegal y la regulación del alquiler vacacional en edificaciones plurifamiliares. Entre tanto, se han descartado propuestas de incremento fiscal como el aumento del Impuesto de Turismo Sostenible y otras tasas sobre los vehículos de alquiler, lo cual parece ser un alivio para los contribuyentes y operadores del sector.

Con la entrada en vigor de esta normativa, se suspende temporalmente la moratoria sobre nuevas plazas de alojamiento, permitiendo que los consells insulars establezcan las limitaciones necesarias en cuanto a la capacidad de acogida del archipiélago. Esta medida busca un equilibrio entre el desarrollo turístico y la sostenibilidad de los recursos locales.

El decreto introduce la prohibición de habilitar nuevos alojamientos turísticos en apartamentos plurifamiliares en toda la comunidad, a la vez que aumenta los requisitos de calidad para aquellos que buscan renovar sus licencias cada cinco años. Este cambio promete elevar los estándares de servicio en el sector.

Un aspecto fundamental de esta legislación es la intensificación de las medidas para la erradicación de la oferta ilegal, que ahora se enfrenta a sanciones más severas. Los portales que comercializan estos espacios están obligados a verificar el número de registro del alojamiento, lo que implica una responsabilidad compartida con los propietarios ante cualquier infracción.

En términos de penalizaciones, las multas han experimentado un notable incremento del 25%, con la posibilidad de alcanzar hasta 500.000 euros para las infracciones más graves. Esto significa que las sanciones para las faltas muy graves han aumentado de entre 40.001 y 400.000 euros a una nueva banda de 50.001 a 500.000 euros, un ajuste que también se aplica para las infracciones graves y leves, reflejando un compromiso firme con la regulación efectiva en el sector turístico.