En las Baleares, un grupo de casi cien funcionarios del Estado se ha reunido esta mañana frente a la sede de la Seguridad Social en Palma, manifestando su descontento ante el continuo desamparo que enfrentan en su labor diaria. Esta convocatoria se enmarca en una serie de paros programados todos los viernes durante mayo y junio, con el objetivo de que el Gobierno de España reexamine y eleve el plus de insularidad.

Fernando Martorell, secretario de la administración estatal en Baleares y portavoz de la Plataforma Insularidad Digna, que agrupa a 21 sindicatos y asociaciones, subrayó la urgencia de la situación. “Han pasado años sin que se tomen medidas, y hemos llegado al límite. Hemos visto que cuando hay voluntad política, los problemas se pueden resolver, como se ha demostrado con los funcionarios de la comunidad autónoma”, manifestó Martorell, refiriéndose al incremento de las indemnizaciones por residencia que han recibido los empleados públicos de Baleares.

Aún así, según Martorell, los cerca de 10,500 funcionarios del Estado en la región aún esperan una actualización de su plus de insularidad. En comparación, los problemas que enfrentan en su trabajo son serios. “Estamos en una situación crítica: la plantilla es insuficiente y cada vez hay más población. Solo en la Seguridad Social de Baleares faltan alrededor de 127 funcionarios, lo que representa un 18% de la plantilla”, destacó.

El dirigente también comparó la indemnización de residencia entre los funcionarios de Baleares y aquellos en otras comunidades como Canarias, Ceuta y Melilla. “Un administrativo en Baleares recibe aproximadamente 75 euros, mientras que en otros lugares obtienen más del doble. La desigualdad es evidente y no se trata solo de un aumento en las cantidades, sino de hacer que los puestos sean más atractivos”, enfatizó.

Martorell añadió que cada vez que hay un nuevo concurso para cubrir vacantes, solo un pequeño porcentaje de los seleccionados permanece en el puesto debido a la difícil vida en la isla. “Los altos costos de vivienda y vida diaria expulsan a los nuevos trabajadores”, declaró. Es un ciclo vicioso que ha transformado la calidad de vida en un verdadero desafío para los servidores públicos.

El secretario general del Sindicato Unificado de Policía en Baleares, Manuel Pavón, también aludió a la falta de recursos al señalar que se han aprobado traslados de plantilla en la Policía Nacional que dejarán 400 puestos vacíos. “Es inaceptable. Hemos estado denunciando esta situación durante años y no vemos acción alguna”. La falta de atención por parte del Ejecutivo central es cada vez más evidente, especialmente cuando se compara con los aumentos otorgados a los funcionarios de la comunidad autónoma, que han visto mejoras en sus condiciones laborales.

Pavón expresó su decepción, sobre todo porque la presidenta del Congreso es originaria de Mallorca y debería tener conocimiento directo de la problemática. “Este es un momento oportuno para que haga algo, y lo cierto es que no lo ha hecho. La situación exige una pronta resolución para evitar que nuestros servicios se colapsen”, añadió con preocupación.

Finalmente, otro representante de la Plataforma Insularidad Digna, David Pola, destacó el “grave abandono” del Estado hacia los ciudadanos de Baleares. “La falta de empleados públicos bien remunerados repercute en la atención que recibimos. No es equitativo que otras comunidades tengan un número adecuado de funcionarios, mientras que nosotros carecemos de ellos”, concluyó, enfatizando la imperiosa necesidad de abordar esta cuestión en beneficio del bienestar general de los isleños.

La concentración también contó con la presencia de algunos miembros de Vox, incluyendo a la portavoz en el Parlament, Manuela Cañadas, y el portavoz adjunto en el Consell de Mallorca, David Gil, lo que pone en evidencia un creciente interés político por las problemática de los funcionarios en las Islas Baleares.