Un juicio por una violación en grupo a una menor en Palma ha concluido sin acuerdo entre las partes, lo que significa que el caso se llevará a juicio en mayo de 2024. La Fiscalía ha solicitado penas que suman un total de 240 años de cárcel.
Esta no es la primera vez que acusación y defensas se encuentran en la Audiencia Provincial de Baleares. En 2021, se celebró una vista preliminar que tampoco llegó a un acuerdo, generando tensión debido a la presencia de numerosos familiares frente al tribunal.
En ese momento, uno de los acusados afirmó ser inocente y sugirió que las relaciones sexuales fueron consentidas.
El juicio estaba programado inicialmente para enero de 2022, pero se pospuso hasta noviembre debido a la renuncia de uno de los acusados a su abogado por un posible conflicto de intereses.
El caso se reprogramó varias veces y se esperaba que pudiera cerrarse un acuerdo antes de la vista del viernes, donde los acusados admitirían los hechos y pactarían penas más reducidas con la Fiscalía. Sin embargo, esta posibilidad también ha sido descartada.
Uno de los acusados fue trasladado desde prisión y tres de ellos intentaron ocultar sus rostros frente a las cámaras de los medios de comunicación
La Fiscalía solicita penas tan altas debido a que considera a cada acusado autor de un delito de agresión sexual y cooperador necesario en los delitos de los otros tres, ya que se trata de una violación múltiple simultánea.
Específicamente, la Fiscalía pide 15 años de prisión para cada uno de ellos por las agresiones individuales y otros 45 años por colaborar con los otros tres. Además, uno de los acusados enfrenta siete años adicionales de prisión por el delito de favorecimiento de la prostitución, ya que supuestamente ofreció vender a la víctima por 1.000 euros para que se prostituyera.
Los hechos ocurrieron en enero de 2016 en el domicilio de uno de los acusados en Palma. Según la Fiscalía, los hombres obligaron a la víctima a tener relaciones sexuales con todos ellos después de forzar la puerta con un palo.
Además, la Fiscalía acusa al propietario de la vivienda de haber intentado vender a la víctima por 1.000 euros a otra persona para prostituirla. Supuestamente, ambos llegaron a un acuerdo para compartir las ganancias, aunque la menor finalmente no ejerció la prostitución.
La víctima, que tenía menos de 16 años en ese momento, quedó en estado de shock tras la violación múltiple y ha recibido tratamiento psicológico como consecuencia de los hechos.
La Fiscalía considera que los acusados actuaron de forma vejatoria y en conjunto, lo que agrava la situación. Además de las penas de cárcel, se solicita una orden de alejamiento para proteger a la víctima y una medida de libertad vigilada durante diez años para los acusados después de cumplir sus sentencias.
Además, el propietario de la vivienda es acusado de favorecer la prostitución y se solicitan siete años adicionales de cárcel y una multa de casi 8.000 euros. También se pide una compensación de 100.000 euros para la víctima por los daños emocionales sufridos.